La Bicicleta abandonada... una Metáfora de Ausencia

Trecientos cincuenta son los desaparecidos en la ciudad de Rosario, la misma ciudad donde nace el Artista Plástico Fernando Traverso.

Una mañana, a fines de los años 70`, Fernando se encontraba caminando por las calles de su ciudad cuando se encuentra con un amigo que pasaba en la bicicleta, su amigo y compañero, militante como él, sabiendo que lo estaban siguiendo, finge no verlo, no lo saluda y sigue caminando... Al volver, Fernando hace el mismo camino y ve la bicicleta de su amigo atada a un árbol. Los días pasaban y la bicicleta continuaba ahí, encadenada. Así es como comprendió que su compañero había sido llevado, y no volvería a buscarla. El dueño de esa bici era uno de los 29 amigos desaparecidos de Fernando.

25 años después del Golpe de Estado, Fernando Traverso decide hacer un homenaje a sus compañeros y a los 350 desaparecidos en Rosario, víctimas de la represión y del terrorismo de Estado, eligiendo entonces, la figura de la BICICLETA QUE ESPERA A SU DUEÑO.

"Las bicicletas son una forma poética de hablar de las ausencias. Invitan a mirar y pensar dónde estará el dueño"

Para ampliar:

http://www.fernandotraverso.com/contenidos/ver/55

La dictadura militar en Argentina

Tras la muerte del presidente Juan Domingo Perón, en 1973, su esposa y vicepresidenta en ejercicio, María Estela Martínez, asumió el mando del país, que poco a poco fue sumiéndose en una crisis política y económica.

A mediados de 1975, Isabel se alejó en forma temporal del gobierno, que quedó en manos de Ítalo Argentino Luder, por entonces presidente del Senado.

Desesperados por el rumbo que estaba tomando el país a nivel económico y también político, Antonio Cafiero, quien era en ese entonces ministro de Economía (apoyado por la CGT), procuró sin éxito controlar la inflación, mientras que Isabel trató de controlar la crisis interna del peronismo.

El Rodrigazo

Una vez controlada la crisis abierta en junio de 1975 con el Rodrigazo, cuando el por entonces ministro de Economía Celestino Rodrigo dispuso un ajuste que duplicó los precios con el objeto de eliminar la distorsión de los precios relativos, provocando una tasa de inflación que llegó hasta tres dígitos anuales y una suba de precios del 300%, desabastecimiento de productos básicos, combustibles e insumos para el transporte (lo que derivó a fines de junio de ese año en una huelga general de 48 horas que marcó el declive definitivo del gobierno de María Estela Martínez de Perón), el equipo económico de los militares definió y llevó adelante dos medidas principales: la apertura de la economía y la liberalización de los mercados financieros.

Un gobierno sin consenso

Poco a poco, el empresariado, las Fuerzas Armadas y los partidos políticos (no sólo de la oposición) le fueron dando la espalda al gobierno de Isabel, lo que agudizó la violencia.
El descontrol económico, la virulencia política y la evidencia de la descomposición del gobierno abrieron la puerta por la que volvieron los militares al gobierno.

El golpe de Estado

El 24 de marzo de 1976 la Junta Militar —integrada por los comandantes de las tres armas, Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Eduardo Massera (Marina) y Orlando Ramón Agosti (Aeronáutica)— derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón (quien fue detenida y trasladada a Neuquén), inaugurando la etapa que los propios militares llamaron “Proceso de Reorganización Nacional”.

Un día después de perpetrado el golpe, el general Jorge Rafael Videla habló al país, asumiendo el rol de nuevo presidente y anunciando que las Fuerzas Armadas se harían cargo de todos los niveles de gobierno.

La junta militar se propuso “transformar de raíz” la sociedad argentina, no solamente corrigiendo la política económica, sino derrocando a cualquier precio a lo que ellos consideraban como guerrilla o peligros de crisis institucional. Para resolver todas estas crisis había que “reorganizar” a la sociedad en un “proceso” que no tenía “plazos” sino “objetivos”: que crear un "ser occidental, nacional y cristiano".

Esta “reorganización” fue sinónimo de represión política y social, desarticulación de las bases de la economía industrial y el ejercicio autoritario del poder.

José Martínez de Hoz fue designado ministro de Economía y, el 2 de abril, anunció su plan para contener la inflación, detener la especulación y estimular las inversiones extranjeras.

La gestión de Martínez de Hoz, en el contexto de la dictadura en que se desenvolvió, fue totalmente coherente con los objetivos que los militares se propusieron.

Durante este período, la deuda empresaria y las deudas externas pública y privada se duplicaron. La deuda privada pronto se estatizó, cercenando aún más la capacidad de regulación estatal.

Con ese clima económico, la Junta Militar impuso el terrorismo de Estado que, fuera de enfrentar las acciones guerrilleras, desarrolló un proyecto planificado, dirigido a destruir toda forma de participación popular. El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la población mediante el terror de Estado para instaurar terror en la población y así imponer el "orden", sin ninguna voz disidente. Se inauguró el proceso autoritario más sangriento que registra la historia de nuestro país. Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados y "desaparecieron". Mientras tanto, mucha gente se exilió.

El gobierno militar estuvo atravesado desde sus orígenes por profundas divisiones internas, muchas de ellas relacionadas con la decisión de asumir el gobierno. Si bien al comienzo quedó claro entre los mandos militares que cada uno se hacía cargo de una parte de la administración pública en todos sus niveles y modalidades —nacional, provincial, municipal, empresas del Estado, universidades—, tal decisión revelaba la desconfianza existente entre las partes y la ambición de poder de los altos mandos militares.

Algunas acciones del nuevo gobierno:

Suspende la actividad política
Suspende los derechos de los trabajadores.
Interviene los sindicatos.
Prohíbe las huelgas.
Disuelve el Congreso.
Disuelve los partidos políticos.
Destituye la Corte Suprema de Justicia.
Interviene la CGT.
Interviene la Confederación General Económica (CGE).
Suspende la vigencia del Estatuto del Docente.
Clausura locales nocturnos.
Ordena el corte de pelo para los hombres.
Quema miles de libros y revistas considerados peligrosos.
Censura los medios de comunicación.
Se apodera de numerosos organismos.

La censura

Comunicado N° 19, 24/03/76
Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales. (Diario "La Prensa", 24 de marzo de 1976).

Los "subversivos"

El término "subversión" englobaba a las organizaciones guerrilleras -prácticamente ya extinguidas en marzo de 1976- pero también a los activistas o simpatizantes de cualquier movimiento de protesta o crítica social: obreros, universitarios, comerciantes, profesionales, intelectuales, sacerdotes, empresarios y más... No hubo "errores" ni "excesos", sino un plan deliberado. (Historia Visual de la Argentina contemporánea, Clarín, El "Proceso" Militar).

La guerra sucia

La "desaparición" fue la fórmula más siniestra de la "guerra sucia": el "objetivo" era secuestrado ("chupado") por un comando paramilitar ("grupo de tareas" o "patota") donde, convertido en un número y sin ninguna garantía legal, quedaba a merced de sus captores. La desaparición de personas fue un programa de acción, planificada con anticipación, estableciéndose los métodos por los cuales llevarlo a la práctica: arrojando a los "desaparecidos" al Río de la Plata (previa aplicación de sedantes) desde aviones o helicópteros militares y en fosas comunes; fusilamientos y ocultamiento de cadáveres, sin ningún tipo de identificación.

La represión ilegal

La dictadura de 1976 completó y profundizó el esquema de persecución y exterminio que comenzara sistemáticamente con la Triple A, liderada por Lopez Rega.

La represión ilegal (entre 1976 y 1978) fue uno de los rasgos básicos del gobierno militar.

La ilegalidad no fue tal sólo por haber sido llevada adelante por un gobierno de facto sino porque incluso se violó la legalidad establecida por ese gobierno.

La represión, cuidadosamente planeada, organizada y dirigida por los más altos niveles de decisión política y militar, fue, al mismo tiempo, clandestina. Sus destinatarios no fueron exclusivamente integrantes de las –según los militares– organizaciones guerrilleras comprometidos con la lucha armada, sino que se extendió a un conjunto de actores sociales y políticos sin vinculación con las organizaciones guerrilleras.
La ley Nro. 21.261 dispuso ‘transitoriamente” la suspensión del “derecho de huelga, como así también el de toda otra medida de fuerza, paro, interrupción o disminución del trabajo o su desempeño en condiciones que de cualquier manera puedan afectar la producción, tanto por parte de trabajadores como de empresarios y de sus respectivas asociaciones u organizaciones”; mientras que el decreto N° 6 de la junta Militar suspendió “la actividad política y de los partidos políticos, en jurisdicción nacional, provincial y municipal”.

La tortura

Todos estaban incluidos en la categoría de "enemigos de la nación". La metodología implementada consistió en la desaparición de personas, las cuales en realidad eran llevadas a centros clandestinos de detención, operados por las FFAA., donde se los sometía a interrogatorios basados en tormentos físicos.
Las modalidades clandestinas de la represión incluyeron el secuestro y la detención en centros clandestinos, la tortura y, en la mayoría de los casos, la ejecución.
La Junta Militar implantó la pena de muerte. Sin embargo no la aplicó legalmente sino fuera de la ley.
Como consecuencia de ello, surgió la figura jurídica de la desaparición forzada de personas (más de 30 mil), incluyendo a personas detenidas y ejecutadas clandestinamente por las fuerzas de seguridad. Las consecuencias de la represión incluyeron también a la gran mayoría de la población, que vivió en un clima de miedo y censura.

Los campos de detención

Se levantaron centros clandestinos de detención y torturas. En estos laboratorios del horror se detenía, se torturaba y se asesinaba a personas. Se encontraban en el propio centro de las ciudades del país, con nombres tristemente famosos, como la ESMA, el Vesubio, El Garage Olimpo, El Pozo de Banfield o La Perla, en Buenos Aires o La Calamita, la Quinta de Funes o el Pozo, en Rosario y su zona. Existieron 340 distribuidos por todo el territorio. Locales civiles, dependencias policiales o de las propias fuerzas armadas fueron acondicionados para funcionar como centros clandestinos. Estas cárceles clandestinas tenían una estructura similar: una zona dedicada a los interrogatorios y tortura, y otra, donde permanecían los secuestrados. Ser secuestrado o "chupado", según la jerga represora, significaba ser fusilado o ser arrojado al río desde un avión o helicóptero.

Los desaparecidos

Debido a la naturaleza, una desaparición encubre la identidad de su autor. Si no hay preso, ni cadáver, ni víctima, entonces nadie presumiblemente es acusado de nada. (Amnistía Internacional, en su informe sobre la desaparición de personas por motivos políticos).
Hubo miles de desaparecidos: la Conadep constató más de 9.000 casos. Los organismos de derechos humanos hablan de más de 30.000.

Apropiación de chicos

Además del secuestro de adultos, hubo un plan sistemático de apropiación de niños. Los niños robados o que las madres parían en los centros de detención fueron inscriptos como hijos propios por muchos miembros de la represión, vendidos o abandonados en institutos.
Durante la dictadura, los militares consideraban que los hijos de los desaparecidos debían perder su identidad. Por eso los hacían desaparecer y los entregaban a familias de militares. Ellos pensaban que la subversión era casi hereditaria o que se trasmitía a través del vínculo familiar. De la misma forma que a los hijos de desaparecidos se intentó quitarles su familia, a la sociedad en general se intentó quitarle esos antecedentes que, como los padres de esos chicos, eran considerados subversivos (Diario "Página 12", 10 de diciembre de 1995).

La noche de los lápices (16/9/76)

La operación conocida como la “Noche de los lápices”, que se desarrolló entre agosto y octubre de 1976, implicó el secuestro y desaparición de estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata, que habían luchado en defensa de un boleto estudiantil.

Madres de Plaza de Mayo

El grupo Madres de Plaza de Mayo nació en 1977, integrado precisamente por madres de desaparecidos, cuya lista engrosaron también algunas de sus fundadoras. Se convirtieron en el más activo sector de oposición al gobierno. Bajo un pañuelo blanco y en silencio, valerosas damas fueron girando en torno a la plaza, buscando una respuesta a sus interrogantes y, a su manera, dejando ver que algo pasaba en país.

Un problema de mando

Entre 1976 y 1981, la gran mayoría de los altos cargos de la administración pública estuvieron en manos de oficiales de las Fuerzas Armadas. Esto perjudicó el funcionamiento del Estado, fundamentalmente porque cada funcionario pasó a depender de dos jefes: su superior jerárquico en el escalafón de la administración pública y su superior militar. Esta doble dependencia contribuyó a fragmentar el Estado en múltiples unidades que gozaban de una autonomía de hecho, con los previsibles efectos de corrupción. Además, el mismo ordenamiento institucional y jurídico del Proceso se caracterizó por su incoherencia y arbitrariedad. Como lo puso en evidencia la acción represiva, el gobierno militar no cumplió con las leyes que él mismo había dictado.

Luis Alberto Romero, en su libro “Breve Historia Contemporánea de Argentina (1994) explica que “el Estado se vio afectado de forma más profunda aún. El llamado Proceso de Reorganización Nacional supuso la coexistencia de un Estado terrorista clandestino, encargado de la represión, y otro visible, sujeto a normas, establecidas por las propias autoridades revolucionarias pero que sometían sus acciones a una cierta juridicidad. En la práctica, esta distinción no se mantuvo, y el Estado ilegal fue corroyendo y corrompiendo al conjunto de las instituciones del Estado y a su misma organización jurídica. La primera cuestión oscura era dónde residía realmente el poder, pues pese a que la tradición política del país era fuertemente presidencialista, y a que la unidad de mando fue siempre uno de los principios de la Fuerzas Armadas, la autoridad del presidente —al principio el primero entre sus pares, y luego ni siquiera eso— resultó diluida y sometida a permanente escrutinio y limitación por los jefes de las tres armas."

La economía del gobierno militar

La política económica del gobierno militar fue decidida y ejecutada entre 1976 y 1981 por José Alfredo Martínez de Hoz, quien como ministro de economía concentró un enorme poder, lo que le permitió tomar decisiones que transformaron profundamente el funcionamiento de la economía y la sociedad argentinas.

Martínez de Hoz presentó su programa económico el 2 de abril de 1976, basado en el sistema liberal, por el que se intentaría pasar de una economía de especulación a una de producción por medio del estímulo a la libre competencia y la limitación del papel del Estado en la economía.

A comienzos de 1977, Martínez de Hoz inició un “experimento monetario”, denominado "la tablita", que determinaba una devaluación mensual del peso.

Esta devaluación era decreciente y tendía a cero. Si bien la medida se tomó para controlar la inflación, el objetivo estuvo lejos de lograrse ya que provocó una fuerte especulación con una gran masa de dinero colocada a corto plazo gracias a las altas tasas de interés y la garantía del Estado sobre el precio de recompra de dólares (ahí se conocieron las palabras “plata dulce”, “bicicleta financiera” y “deme dos”).

La plata dulce

La dictadura implementó un plan basado en el liberalismo monetario, que era apoyado por bancos extranjeros y organismos internacionales. El funcionario encargado de cumplir el plan económico de los militares fue José Alfredo Martínez de Hoz. Puso fin al Estado intervencionista, a la protección del mercado interno y al subsidio a empresas. Se congelaron los sueldos. Dejó actuar al mercado libremente. Los resultados finales fueron desastrosos. Hubo un gran endeudamiento externo, las industrias quebraron y, al finalizar la dictadura, se desató la inflación.

Desindustrialización

Apoyados por el Fondo Monetario Internacional y la banca extranjera, los militares estatizaron todo con el objeto de controlar la inflación, reducir el déficit fiscal y equilibrar el sector externo. Se devaluó la moneda, se redujo el déficit del sector público (congelando los salarios) y se logró financiamiento externo a un costo muy alto. Además se suspendió el derecho a huelga.

La pequeña y mediana empresa fue sacrificada en el altar de la eficiencia, iniciándose un proceso de acelerada desindustralizacion, ante la imposibilidad de competir con productos provenientes del exterior. La aplicación de las recetas neoliberales no resolvió, sino que profundizó los problemas económicos.


El esquema de Martínez de Hoz estalló en 1980, de la mano de la quiebra de importantes entidades financieras —entre ellas uno de los mayores bancos privados— y el Estado terminó haciéndose cargo de los pasivos de los bancos quebrados.

A pesar de su carácter liberal, la política económica de Martínez de Hoz incluyó una expansión considerable del papel del Estado en la economía, principalmente por la decisión de mantener bajo la órbita estatal a las empresas públicas (cuyos directorios fueron ocupados por militares).

El conflicto del Beagle

Las cuestiones limítrofes entre la Argentina y Chile estuvieron condicionadas por las circunstancias políticas imperantes en cada país. Bajo regímenes dictatoriales en ambas naciones, las diferencias fronterizas estuvieron a punto de derivar en una guerra abierta. En 1978, luego de que la Argentina rechazó el fallo arbitral británico, el conflicto por el Beagle alcanzó su punto más álgido. El 8 de enero de 1979, la Argentina y Chile firmaron el Acta de Montevideo, que sometía el entredicho a la mediación del Papa. Finalmente, la propuesta papal, conocida a través del cardenal Antonio Samoré, se dio a conocer el 12 de diciembre de 1980 y fue aceptada por la Argentina en 1984 después de una consulta popular no vinculante, en la que el "sí" al acuerdo se impuso por un amplio margen de votos. (Historia Visual de la Argentina contemporánea, Clarín, La Política Exterior).

El Mundial '78

El triunfo final de la selección argentina en el Mundial de Fútbol ha supuesto que la Junta Militar que dirige el Gral. Videla haya cubierto con creces los objetivos que se propuso al emprender la organización del campeonato. Durante 25 días, los problemas del país argentino han pasado a un segundo plano y el título mundial conseguido por su selección los mantendrá oculto por más tiempo aún. (Diario "El País", junio de 1978)

Viola y un cambio en la forma de gobierno

En marzo de 1981, el general Roberto Viola reemplazó en la presidencia a Videla, y Martínez de Hoz también fue reemplazado, ya que el nuevo presidente de facto dividió el ministerio de Economía en cinco carteras, con el propósito de despersonalizar la política económica. Puso a civiles a cargo de dichos puestos, pero no logró éxito.

Dicha apertura fue recibida con frialdad por las principales fuerzas políticas, que dudaban de la representatividad de Viola dentro de las Fuerzas Armadas y de la viabilidad de su política. En julio de 1981, se constituyó la Multipartidaria —convocada por la Unión Cívica Radical e integrada por los partidos Justicialista, Intransigente, Demócrata Cristiano y el Movimiento de Integración y Desarrollo—, con la finalidad de ofrecer un bloque político unificado “tendiente a recuperar la vigencia de las instituciones democráticas y a ofrecer al país, coyunturalmente, una propuesta de solución ante la emergencia nacional”.
Sin embargo, la oposición decisiva al proyecto de Viola provino del frente interno militar. Esta oposición se manifestó como un conflicto de poderes entre la Junta Militar y el presidente, que culminó con el desplazamiento de Viola, en diciembre de 1981.

La llegada de Galtieri

Además en ese año el descalabro económico llegó al extremo. El gobierno dispuso una devaluación del peso del 400%, al tiempo que la inflación llegaba al 100% anual. Esta devaluación tomó impagables las deudas en dólares de las empresas privadas. El Estado nacionalizó las deudas, lo que acrecentó el endeudamiento público.

Su reemplazante fue el general Leopoldo Fortunato Galtieri, quien intentó restablecer la imagen de autoridad del gobierno militar y retomar la orientación liberal de la política económica, que quedó en manos de un nuevo ministro de Economía, Roberto Alemann.
El nuevo presidente de facto endureció las relaciones con los partidos políticos y con el sindicalismo, que por su parte endurecieron también su oposición. Una masiva concentración promovida por la CGT-Brasil (ala más combativa del sindicalismo, diferenciada de la CGT-Azopardo, más conciliadora), el 30 de marzo de 1982, fue duramente reprimida. Pero la magnitud y el carácter de la movilización mostraron que la oposición social y política había crecido.

1982: La guerra de las Malvinas

Tres días más tarde, el régimen militar inició su última etapa, con la ocupación militar de las islas Malvinas.

La ocupación, si bien se originó en una decisión tomada en secreto por unas pocas personas y sin calibrar adecuadamente sus posibles consecuencias militares y políticas, contó con un amplio respaldo popular.

El gobierno imaginó que la recuperación de las Malvinas iba a resolver sus problemas políticos, en un momento en que el rumbo de la experiencia militar se veía comprometido. Al principio, eso pareció posible. Pero el gobierno había subestimado la respuesta de Gran Bretaña y creyó además que los Estados Unidos —cuyo principal aliado era precisamente Gran Bretaña— apoyarían la acción argentina.

La reacción británica —en buena medida motivada por razones de política interna— fue dura. El gobierno de Margaret Thatcher decidió enviar una poderosa flota y fuerzas militares para recuperar las islas.

Estados Unidos, después del fracaso de la mediación del general Haig –que procuró que el gobierno argentino aceptara la resolución 502 de las Naciones Unidas y retirara las tropas de las islas– apoyaron decididamente a su principal aliado.

El gobierno militar decidió controlar estrictamente la difusión de noticias acerca de la evolución política y militar del conflicto, y creó un clima triunfalista que no se correspondía con el curso real de los acontecimientos.

Argentina recibió la adhesión de los países de América latina y del Movimiento de Países No Alineados, pero quedó aislada de las potencias.

Como manotazo de ahogado, el gobierno militar intentó cambiar sus alianzas y conseguir el apyo de la URSS, sin éxito. Con hitos como el hundimiento del crucero "General Belgrano" -que produjo 323 muertos- y del destructor británico "Sheffield", la guerra concluyó el 14 de junio, cuando el mando militar argentino en Malvinas capituló ante los jefes británicos.

La derrota aceleró el fin del régimen

La derrota marcó el derrumbe político del régimen. El regreso de los soldados arrojó luz sobre las sospechas de lo que habían padecido, sin los pertrechos y el entrenamiento suficientes para enfrentar a los británicos. Para defender las islas del ataque de ingleses bien entrenados y equipados, la junta militar procedió a reclutar jóvenes argentinos, sin instrucción militar, la mayoría de los cuales provenía de provincias pobres del interior del país. La derrota catastrófica de Malvinas y el conocimiento de la muerte de centenares de jóvenes argentinos (más de 600), deterioraron el frente militar, pero sobre todo, la reputación del ejército, al cual se consideró como mayor responsable del desastre.

El regreso a la democracia

La derrota en la Guerra de Malvinas obligó al régimen militar a convocar a elecciones democráticas, que fueron realizadas en octubre de 1983, donde resultó ganador Raúl Ricardo Alfonsín, de la UCR.