El 24 de marzo de 1976 la Junta Militar —integrada por los comandantes de las tres
armas, Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Eduardo Massera (Marina) y Orlando Ramón Agosti (Aeronáutica)— derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón (quien fue detenida y trasladada a Neuquén), inaugurando la etapa que los propios militares llamaron “Proceso de Reorganización Nacional”.
Un día después de perpetrado el golpe, el general Jorge Rafael Videla habló al país, asumiendo el rol de nuevo presidente y anunciando que las Fuerzas Armadas se harían cargo de todos los niveles de gobierno.
La junta militar se propuso “transformar de raíz” la sociedad argentina, no solamente corrigiendo la política económica, sino derrocando a cualquier precio a lo que ellos consideraban como guerrilla o peligros de crisis institucional. Para resolver todas estas crisis había que “reorganizar” a la sociedad en un “proceso” que no tenía “plazos” sino “objetivos”: que crear un "ser occidental, nacional y cristiano".
Esta “reorganización” fue sinónimo de represión política y social, desarticulación de las bases de la economía industrial y el ejercicio autoritario del poder.
José Martínez de Hoz fue designado ministro de Economía y, el 2 de abril, anunció su plan para contener la inflación, detener la especulación y estimular las inversiones extranjeras.
La gestión de Martínez de Hoz, en el contexto de la dictadura en que se desenvolvió, fue totalmente coherente con los objetivos que los militares se propusieron.
Durante este período, la deuda empresaria y las deudas externas pública y privada se duplicaron. La deuda privada pronto se estatizó, cercenando aún más la capacidad de regulación estatal.
Con ese clima económico, la Junta Militar impuso el terrorismo de Estado que, fuera de enfrentar las acciones guerrilleras, desarrolló un proyecto planificado, dirigido a destruir toda forma de participación popular. El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la población mediante el terror de Estado para instaurar terror en la población y así imponer el "orden", sin ninguna voz disidente. Se inauguró el proceso autoritario más sangriento que registra la historia de nuestro país. Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados y "desaparecieron". Mientras tanto, mucha gente se exilió.
El gobierno militar estuvo atravesado desde sus orígenes por profundas divisiones internas, muchas de ellas relacionadas con la decisión de asumir el gobierno. Si bien al comienzo quedó claro entre los mandos militares que cada uno se hacía cargo de una parte de la administración pública en todos sus niveles y modalidades —nacional, provincial, municipal, empresas del Estado, universidades—, tal decisión revelaba la desconfianza existente entre las partes y la ambición de poder de los altos mandos militares.
Algunas acciones del nuevo gobierno:
Suspende la actividad política
Suspende los derechos de los trabajadores.
Interviene los sindicatos.
Prohíbe las huelgas.
Disuelve el Congreso.
Disuelve los partidos políticos.
Destituye la Corte Suprema de Justicia.
Interviene la CGT.
Interviene la Confederación General Económica (CGE).
Suspende la vigencia del Estatuto del Docente.
Clausura locales nocturnos.
Ordena el corte de pelo para los hombres.
Quema miles de libros y revistas considerados peligrosos.
Censura los medios de comunicación.
Se apodera de numerosos organismos.
armas, Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Eduardo Massera (Marina) y Orlando Ramón Agosti (Aeronáutica)— derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón (quien fue detenida y trasladada a Neuquén), inaugurando la etapa que los propios militares llamaron “Proceso de Reorganización Nacional”.Un día después de perpetrado el golpe, el general Jorge Rafael Videla habló al país, asumiendo el rol de nuevo presidente y anunciando que las Fuerzas Armadas se harían cargo de todos los niveles de gobierno.
La junta militar se propuso “transformar de raíz” la sociedad argentina, no solamente corrigiendo la política económica, sino derrocando a cualquier precio a lo que ellos consideraban como guerrilla o peligros de crisis institucional. Para resolver todas estas crisis había que “reorganizar” a la sociedad en un “proceso” que no tenía “plazos” sino “objetivos”: que crear un "ser occidental, nacional y cristiano".
Esta “reorganización” fue sinónimo de represión política y social, desarticulación de las bases de la economía industrial y el ejercicio autoritario del poder.
José Martínez de Hoz fue designado ministro de Economía y, el 2 de abril, anunció su plan para contener la inflación, detener la especulación y estimular las inversiones extranjeras.
La gestión de Martínez de Hoz, en el contexto de la dictadura en que se desenvolvió, fue totalmente coherente con los objetivos que los militares se propusieron.
Durante este período, la deuda empresaria y las deudas externas pública y privada se duplicaron. La deuda privada pronto se estatizó, cercenando aún más la capacidad de regulación estatal.
Con ese clima económico, la Junta Militar impuso el terrorismo de Estado que, fuera de enfrentar las acciones guerrilleras, desarrolló un proyecto planificado, dirigido a destruir toda forma de participación popular. El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la población mediante el terror de Estado para instaurar terror en la población y así imponer el "orden", sin ninguna voz disidente. Se inauguró el proceso autoritario más sangriento que registra la historia de nuestro país. Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados y "desaparecieron". Mientras tanto, mucha gente se exilió.
El gobierno militar estuvo atravesado desde sus orígenes por profundas divisiones internas, muchas de ellas relacionadas con la decisión de asumir el gobierno. Si bien al comienzo quedó claro entre los mandos militares que cada uno se hacía cargo de una parte de la administración pública en todos sus niveles y modalidades —nacional, provincial, municipal, empresas del Estado, universidades—, tal decisión revelaba la desconfianza existente entre las partes y la ambición de poder de los altos mandos militares.
Algunas acciones del nuevo gobierno:
Suspende la actividad política
Suspende los derechos de los trabajadores.
Interviene los sindicatos.
Prohíbe las huelgas.
Disuelve el Congreso.
Disuelve los partidos políticos.
Destituye la Corte Suprema de Justicia.
Interviene la CGT.
Interviene la Confederación General Económica (CGE).
Suspende la vigencia del Estatuto del Docente.
Clausura locales nocturnos.
Ordena el corte de pelo para los hombres.
Quema miles de libros y revistas considerados peligrosos.
Censura los medios de comunicación.
Se apodera de numerosos organismos.
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