La dictadura militar en Argentina

Tras la muerte del presidente Juan Domingo Perón, en 1973, su esposa y vicepresidenta en ejercicio, María Estela Martínez, asumió el mando del país, que poco a poco fue sumiéndose en una crisis política y económica.

A mediados de 1975, Isabel se alejó en forma temporal del gobierno, que quedó en manos de Ítalo Argentino Luder, por entonces presidente del Senado.

Desesperados por el rumbo que estaba tomando el país a nivel económico y también político, Antonio Cafiero, quien era en ese entonces ministro de Economía (apoyado por la CGT), procuró sin éxito controlar la inflación, mientras que Isabel trató de controlar la crisis interna del peronismo.

El Rodrigazo

Una vez controlada la crisis abierta en junio de 1975 con el Rodrigazo, cuando el por entonces ministro de Economía Celestino Rodrigo dispuso un ajuste que duplicó los precios con el objeto de eliminar la distorsión de los precios relativos, provocando una tasa de inflación que llegó hasta tres dígitos anuales y una suba de precios del 300%, desabastecimiento de productos básicos, combustibles e insumos para el transporte (lo que derivó a fines de junio de ese año en una huelga general de 48 horas que marcó el declive definitivo del gobierno de María Estela Martínez de Perón), el equipo económico de los militares definió y llevó adelante dos medidas principales: la apertura de la economía y la liberalización de los mercados financieros.

Un gobierno sin consenso

Poco a poco, el empresariado, las Fuerzas Armadas y los partidos políticos (no sólo de la oposición) le fueron dando la espalda al gobierno de Isabel, lo que agudizó la violencia.
El descontrol económico, la virulencia política y la evidencia de la descomposición del gobierno abrieron la puerta por la que volvieron los militares al gobierno.

El golpe de Estado

El 24 de marzo de 1976 la Junta Militar —integrada por los comandantes de las tres armas, Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Eduardo Massera (Marina) y Orlando Ramón Agosti (Aeronáutica)— derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón (quien fue detenida y trasladada a Neuquén), inaugurando la etapa que los propios militares llamaron “Proceso de Reorganización Nacional”.

Un día después de perpetrado el golpe, el general Jorge Rafael Videla habló al país, asumiendo el rol de nuevo presidente y anunciando que las Fuerzas Armadas se harían cargo de todos los niveles de gobierno.

La junta militar se propuso “transformar de raíz” la sociedad argentina, no solamente corrigiendo la política económica, sino derrocando a cualquier precio a lo que ellos consideraban como guerrilla o peligros de crisis institucional. Para resolver todas estas crisis había que “reorganizar” a la sociedad en un “proceso” que no tenía “plazos” sino “objetivos”: que crear un "ser occidental, nacional y cristiano".

Esta “reorganización” fue sinónimo de represión política y social, desarticulación de las bases de la economía industrial y el ejercicio autoritario del poder.

José Martínez de Hoz fue designado ministro de Economía y, el 2 de abril, anunció su plan para contener la inflación, detener la especulación y estimular las inversiones extranjeras.

La gestión de Martínez de Hoz, en el contexto de la dictadura en que se desenvolvió, fue totalmente coherente con los objetivos que los militares se propusieron.

Durante este período, la deuda empresaria y las deudas externas pública y privada se duplicaron. La deuda privada pronto se estatizó, cercenando aún más la capacidad de regulación estatal.

Con ese clima económico, la Junta Militar impuso el terrorismo de Estado que, fuera de enfrentar las acciones guerrilleras, desarrolló un proyecto planificado, dirigido a destruir toda forma de participación popular. El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la población mediante el terror de Estado para instaurar terror en la población y así imponer el "orden", sin ninguna voz disidente. Se inauguró el proceso autoritario más sangriento que registra la historia de nuestro país. Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados y "desaparecieron". Mientras tanto, mucha gente se exilió.

El gobierno militar estuvo atravesado desde sus orígenes por profundas divisiones internas, muchas de ellas relacionadas con la decisión de asumir el gobierno. Si bien al comienzo quedó claro entre los mandos militares que cada uno se hacía cargo de una parte de la administración pública en todos sus niveles y modalidades —nacional, provincial, municipal, empresas del Estado, universidades—, tal decisión revelaba la desconfianza existente entre las partes y la ambición de poder de los altos mandos militares.

Algunas acciones del nuevo gobierno:

Suspende la actividad política
Suspende los derechos de los trabajadores.
Interviene los sindicatos.
Prohíbe las huelgas.
Disuelve el Congreso.
Disuelve los partidos políticos.
Destituye la Corte Suprema de Justicia.
Interviene la CGT.
Interviene la Confederación General Económica (CGE).
Suspende la vigencia del Estatuto del Docente.
Clausura locales nocturnos.
Ordena el corte de pelo para los hombres.
Quema miles de libros y revistas considerados peligrosos.
Censura los medios de comunicación.
Se apodera de numerosos organismos.

La censura

Comunicado N° 19, 24/03/76
Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales. (Diario "La Prensa", 24 de marzo de 1976).

Los "subversivos"

El término "subversión" englobaba a las organizaciones guerrilleras -prácticamente ya extinguidas en marzo de 1976- pero también a los activistas o simpatizantes de cualquier movimiento de protesta o crítica social: obreros, universitarios, comerciantes, profesionales, intelectuales, sacerdotes, empresarios y más... No hubo "errores" ni "excesos", sino un plan deliberado. (Historia Visual de la Argentina contemporánea, Clarín, El "Proceso" Militar).

La guerra sucia

La "desaparición" fue la fórmula más siniestra de la "guerra sucia": el "objetivo" era secuestrado ("chupado") por un comando paramilitar ("grupo de tareas" o "patota") donde, convertido en un número y sin ninguna garantía legal, quedaba a merced de sus captores. La desaparición de personas fue un programa de acción, planificada con anticipación, estableciéndose los métodos por los cuales llevarlo a la práctica: arrojando a los "desaparecidos" al Río de la Plata (previa aplicación de sedantes) desde aviones o helicópteros militares y en fosas comunes; fusilamientos y ocultamiento de cadáveres, sin ningún tipo de identificación.

La represión ilegal

La dictadura de 1976 completó y profundizó el esquema de persecución y exterminio que comenzara sistemáticamente con la Triple A, liderada por Lopez Rega.

La represión ilegal (entre 1976 y 1978) fue uno de los rasgos básicos del gobierno militar.

La ilegalidad no fue tal sólo por haber sido llevada adelante por un gobierno de facto sino porque incluso se violó la legalidad establecida por ese gobierno.

La represión, cuidadosamente planeada, organizada y dirigida por los más altos niveles de decisión política y militar, fue, al mismo tiempo, clandestina. Sus destinatarios no fueron exclusivamente integrantes de las –según los militares– organizaciones guerrilleras comprometidos con la lucha armada, sino que se extendió a un conjunto de actores sociales y políticos sin vinculación con las organizaciones guerrilleras.
La ley Nro. 21.261 dispuso ‘transitoriamente” la suspensión del “derecho de huelga, como así también el de toda otra medida de fuerza, paro, interrupción o disminución del trabajo o su desempeño en condiciones que de cualquier manera puedan afectar la producción, tanto por parte de trabajadores como de empresarios y de sus respectivas asociaciones u organizaciones”; mientras que el decreto N° 6 de la junta Militar suspendió “la actividad política y de los partidos políticos, en jurisdicción nacional, provincial y municipal”.

La tortura

Todos estaban incluidos en la categoría de "enemigos de la nación". La metodología implementada consistió en la desaparición de personas, las cuales en realidad eran llevadas a centros clandestinos de detención, operados por las FFAA., donde se los sometía a interrogatorios basados en tormentos físicos.
Las modalidades clandestinas de la represión incluyeron el secuestro y la detención en centros clandestinos, la tortura y, en la mayoría de los casos, la ejecución.
La Junta Militar implantó la pena de muerte. Sin embargo no la aplicó legalmente sino fuera de la ley.
Como consecuencia de ello, surgió la figura jurídica de la desaparición forzada de personas (más de 30 mil), incluyendo a personas detenidas y ejecutadas clandestinamente por las fuerzas de seguridad. Las consecuencias de la represión incluyeron también a la gran mayoría de la población, que vivió en un clima de miedo y censura.